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En declaraciones a varios medios de comunicación el legislador porteño del PO-FIT Gabriel Solano denunció los alcances reaccionarios menos conocidos de la ley previsional: “La reforma previsional implica un ajuste por partida doble. Junto con el cambio en el índice de movilidad, que llevará a la confiscación de 100.000 millones de pesos sólo durante el 2018, se reducirá también la llamada ´tasa de sustitución´, que sirve para determinar la jubilación inicial cuando un trabajador se retira. Mientras en la actualidad esa tasa de sustitución oscila entre el 57% y 65%, con las modificaciones introducidas por la ley la tasa será de entre el 37% y el 45%. Así un trabajador que al momento de jubilarse cobra por ejemplo $ 20.000 tendrá una jubilación de $ 8.000 en vez de $ 12.000”.

“Como puede verse este recorte en la fórmula es aún más grave que el cambio en la movilidad jubilatoria. Queda claro que Macri y Carrió jugaron a confundir a la población cuando hablaban de que con la ley se aseguraba el 82% móvil pues, como vimos, las jubilaciones serán la mitad de ese porcentaje”.

“Con haberes equivalentes al 37% del salario en actividad jubilarse se convierte en un castigo para el trabajador, que verá reducir su nivel de vida de un día para el otro. Por esa vía se fuerza a seguir trabajando hasta los 70 años, ya que la opción que plantea la ley no es otra que aceptar caer en la pobreza o trabajar toda la vida”.

“La miseria jubilatoria servirá al gobierno para impulsar la vuelta de las AFJP, que también serán ´optativas´, ya que se forzará al trabajador a tener un ingreso adicional ante la certeza que la jubilación que recibirá del Estado no cubrirá sus gastos elementales y augura una etapa de pobreza”.

Solano concluyó denunciando el carácter inconstitucional de la ley por afectar derechos adquiridos, lo que conducirá con seguridad a una nueva carrera de obstáculos en la Justicia para los jubilados.