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Esta semana se conoció el fallo de la Cámara de Apelaciones de Mercedes, que denegó el pedido de excarcelación de prisión a los ex intendentes de Perugorría Angelina Lesieux y Jorge Corona.



Ambos están detenidos desde hace dos meses en la Alcaidía de la Comisaría de Curuzú Cuatiá, y con este nuevo fallo judicial permanecerán hasta que la Justicia resuelva el caso, considerando que los ex jefes comunales kirchneristas están involucrados en una megaestafa, acusados de formar parte de una asociación ilícita junto a otros funcionarios de gestión comunal por el desvío de fondos nacionales destinados a la obra pública que superan los $40 millones.

En este contexto, la titular del Ministerio Público Fiscal de Curuzú Cuatiá, María Alejandra Talamona, en una entrevista exclusiva con NORTE de Corrientes dio detalles de la causa y aseguró que “se trata de una causa complicada, pero tenemos pruebas suficientes para procesar a los imputados, quienes formaron parte de una gestión fraudulenta por una suma millonaria”.

Al respecto, la fiscal curuzucuateña respondió: —Con este fallo de la Cámara de Apelaciones de Mercedes, ¿la defensa de los ex intendentes puede volver a apelar esta sentencia? —No, con esta resolución de la Cámara la defensa no puede apelar, ya que el fallo ya está firme. Ahora supongo que ya estará en condiciones de recibir otras declaraciones. Aunque falta presentar otros informes en el caso y así avanzar ya en su etapa final.

—¿Cuántos son los imputados en la causa por malversación de fondos públicos y asociación ilícita?

—Hasta el momento son cinco. Los ex intendentes de Perugorría Angelina Lesieux y Jorge Corona, y los funcionarios municipales durante su gestión, el contador Moray Mussio, Patricia Vera y Sabrina Lammens. Las dos últimas cumplen prisión domiciliaria desde hace casi un mes. En el caso de Vera, la Justicia hizo lugar a un pedido de la defensa porque tiene un hijo con discapacidad y necesita el cuidado de la madre, por eso cumple prisión en su casa en Perugorría. Mientras que Lammens está detenida en un domicilio particular de la ciudad de Curuzú Cuatiá. Los otros continúan detenidos en la Alcaidía de la Comisaría Primera de Curuzú.

—¿Reciben un control policial permanente los que tienen prisión domiciliaria?

—La Cámara de Apelaciones de Mercedes le concedió la prisión domiciliaria y son monitoreadas por un sistema electrónico permanente. Se trata de un dispositivo especial instalado en el domicilio de cada una, porque la ley no permite que haya una custodia policial permanente cuando es prisión domiciliaria, pero en este caso particular la Justicia dispuso que se realice un recorrido sorpresivo por el domicilio de las imputadas para comprobar que el contacto sea con las personas autorizadas.

—¿Y cuál es la situación del comisario Miguel Bogarin, que fue detenido sospechado de encubrir a los ex intendentes duran te su fuga?

—El comisario Miguel Antonio Bogarin sigue detenido en Curuzú y está imputado en otra causa que yo inicié de oficio, no es la principal, la remitida por la Oficina Anticorrupción a cargo de la Dra. Laura Alonso, en la que hay cinco detenidos, los que te mencioné anteriormente.
—Tras el rechazo de la excarcelación a Lesieux y Corona, ¿cómo sigue la causa?

—Es un caso complicado. Ahora, luego de la presentación de informes, se les tomará declaración a otros ocho imputados, que aún no han brindado testimonial, pero que ya habían sido incriminados en diciembre cuando se libró la orden de detención de los ex intendentes y los funcionarios implicados en la asociación ilícita. Y una vez que declaren ante el juez estaría en condiciones de resolver la situación procesal de todos los imputados, esto significa que podría dictar un auto de procesamiento confirmando la prisión preventiva en el caso de los que están detenidos, porque aún no sabemos en qué va a quedar la situación procesal del resto que todavía no declaró. O en todo caso declarar la falta de mérito, que es cuando no existen pruebas suficientes.

—Según su juicio de valor, ¿la causa iría a juicio oral?

—En esta causa es imposible que se dé la falta de mérito, porque nosotros estamos seguros de que se han reunido todas las pruebas necesarias para procesar a los imputados. Pero desde el Ministerio Público Fiscal de Curuzú Cuatiá presentaremos las pruebas y será el Juzgado de Instrucción y Correccional el que resuelva el caso una vez que se tomen todas las testimoniales. Y si se les dicta el autoprocesamiento, tendrían que hacer el requerimiento al Tribunal Oral de Mercedes, que es donde se realizaría el juicio oral en el caso de que así lo disponga la Justicia.

—¿A cuánto asciende el monto del dinero que habría desaparecido y por el cual se los imputa?

—En cuanto al monto no puedo darte esa información, porque aún está en secreto de sumario para el resto de los imputados, que aún no han declarado. —¿Se hablaba de $45.000.000? —La defraudación es muy importante, mucho más de ese monto. —La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia dio lugar a un pedido del Juzgado de Instrucción de Curuzú Cuatiá y ahora es la Justicia correntina la que lleva la causa.

¿Qué opinión se merece?

—Es un logro muy importante que tuvimos de la Justicia provincial, porque se había planteado un cuestión de competencia por la jurisdicción. Nosotros sostuvimos la competencia y la Corte Suprema nos dio la razón, ya que consideramos que los fondos nacionales ya habían sido depositados en las cuentas de Perugorría por el libramiento de cheques por el Municipio, por eso básicamente la Corte determinó que una vez que los fondos ingresan al Municipio la causa ya toma competencia provincial. Y rechazó el pedido del juez Bonadio de que la Justicia Federal se haga cargo del caso. s