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El intendente de Perugorría, Juan Ramón Castellanos, hizo público que desde el Gobierno nacional notificaron al Municipio a su cargo que debe reintegrar 11 millones de pesos que recibió durante la gestión de Angelina Lesieux y Jorge Corona y que no fueron rendidos. Sobre esto, Castellanos sostuvo que “significa despedir a todos los empleados y cerrar la Municipalidad por 7 meses”.

La pareja que gobernó ese Municipio de 2005 a 2015, con un marcado apoyo económico durante la gestión kirchnerista en la Nación, está detenida en una comisaría de Curuzú Cuatiá. Ambos están acusados de asociación ilícita y peculado, en distintas causas. Hace dos meses, el Superior Tribunal de Justicia rechazó el pedido de excarcelación de Lesieux y Corona.
La Oficina Anticorrupción (OA), dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, envió una intimación a la Municipalidad de Perrugorría para que dé cuenta de en qué se invirtieron los millones enviados para obras de infraestructura. Desde la cartera que tiene como autoridad a Laura Alonso notificaron que, en caso de no poder justificar el destino de los fondos, deberán devolver al Estado nacional el dinero que se envió desde la gestión K a la pareja de intendentes.
“Me intimaron para que en 10 días responda adónde fue ese dinero y no lo puedo hacer porque desconozco su fin y ni siquiera sé si hay un papel que compruebe que el dinero llegó a la Municipalidad”, detalló el jefe comunal.
No es metáfora: literalmente, la gestión de los intendentes K dejó en ruinas al Municipio. “La OA me exige que si no puedo dar cuenta del destino, debo devolver 11 millones y eso significa despedir a todos los empleados y cerrar la Municipalidad por 7 meses”, lamentó. En ese sentido agregó: “Tendría que irme yo también porque un Municipio sin personal y sin recursos no sirve de nada”.
El drama del intendente no termina con la carta enviada por la OA porque la deuda con el Estado nacional no es la única que dejaron Lesieux y Corona. Esta semana llegó a esa Comuna una intimación con fallo judicial para que se abone a una concesionaria “alrededor de un millón de pesos”, correspondiente a la compra de un auto.
En este marco, Castellanos salió al cruce de sus antecesores expresó que “esto demuestra que no es una persecución política como denuncian ellos, sino que es una malversación de fondos públicos de Perugorría”.
Para buscar una solución a lo planteado por la OA, Castellanos y el asesor legal de la Municipalidad viajarán a Capital Federal para hacer una presentación y responder los interrogantes que les planteen. “Vamos a dejar en claro que si nosotros tenemos que devolver dinero que no recibimos, buscaremos la forma pero nos atan de pies y manos”, anticipó.
El intendente planteó esta situación en la reunión que los intendentes mantuvieron en Paso de los Libres con el gobernador Gustavo Valdés. Al respecto reconoció que quizás no era el lugar propicio para exponerlo pero “se trata de la plata de todos y los correntinos deben saber lo que ellos hicieron y que recae en nosotros”.
A pesar de los problemas económicos que dejaron Lesieux y Corona, el intendente admitió que “estoy contento porque si bien no pudimos estabilizar la situación al 100 por ciento, pusimos al personal como corresponde y pagamos los sueldo en tiempo y forma, pero no tenemos fondos para hacer las obras públicas que necesitamos, como ser las cloacas”.
Para poder garantizar a los pobladores de la zona de las obras necesarias, Castellanos adelantó que inició tratativas con entes nacionales y provinciales para buscar apoyo económico y ejecutar las obras que necesitan.
Dada la manera en que se manejó la pareja en su gestión municipal, no se descarta que en adelante sigan apareciendo proveedores que reclaman deudas contraídas por los políticos kirchneristas.


Fuente: Diario La Republica de Corrientes