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Se trata de una causa que investiga el juez Claudio Bonadío, por supuesto fraude al Tesoro entre los años 2013 y 2015, para que distintas municipalidades de todo el país llevaran adelante tratamientos de residuos. Fue embargado por 3 millones de pesos, al igual que otros 91 exintendentes.

El exintendente curuzucuateño Ernesto “Lalo” Dominguez fue procesado por una causa que investiga el juez Claudio Bonadío por supuesta malversación a las arcas del Tesoro entre 2013 y 2015, para que distintas municipalidades llevaran adelante tratamientos de residuos sólidos urbanos, es decir, la basura que se genera en cada casa.

Además, fueron procesados otros 2 jefes comunales correntinos: Eduardo Galantini (Monte Caseros) y Armando Bordón (Paso de la Patria). Todos ellos integran una lista de 92 intendntes que fueron procesados en la causa, en su mayoría kirchneristas y de Chaco y Santa Cruz.

Por otra parte, fueron sobreseidos de la causa Carlos “Camau” Espínola (Capital) y Nancy Sand (BellaVista).

El magistrado federal también dictó el sobreseimiento de otros tres y la falta de mérito de uno. Los procesados fueron embargados por 3 millones de pesos.

“Cada intendente con su accionar contribuyó activamente en la concreción de un perjuicio a las arcas del Estado, aproximadamente de una suma aproximada de $604.529.670,00. Maniobra que habrían llevado a cabo junto a las autoridades nacionales anteriormente procesadas por este Tribunal, y cuyas conductas fueron valoradas ­respecto de la mayoría­ de igual manera por la Alzada”, sostuvo la resolución.

El gobierno de Cristina Kirchner implementó programas de tratamiento de basura, vía Jefatura de Gabinete. Los principales beneficiados de esos programas fueron Chaco y Río Gallegos, pero la mayoría de las obras nunca se hicieron. El fiscal Carlos Rívolo avanzó en esta investigación, que se abrió en 2016, en donde se puso bajo la lupa el destino de 604.529.670 pesos, afectados a los llamados Programas Municipales de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (PMGIRSU).

Se cree que, en realidad, esos recursos se aprovecharon para “disimular lo que constituía, en verdad, el reparto discrecional de fondos públicos a municipios privilegiados por las autoridades a cargo del desarrollo de las políticas ambientales estatales”, según escribió la Cámara Federal en noviembre pasado.