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Por ante el Juzgado de Instrucción y Correccional de esta ciudad, a cargo del Dr. Martín José Vega y con la activa intervención de la Fiscal de Instrucción local Dra. María Alejandra Talamona, se viene investigando una compleja trama de corrupción administrativa, por hechos que tuvieron lugar en la Municipalidad de la localidad de Perugorría durante las gestiones de los Ex Intendentes Jorge Corona y Angelina Soledad Lesieux.- Los diversos procedimientos e indagaciones efectuadas a lo largo del tiempo han ido revelando un sistema de corrupción que posee derivaciones hacia varias direcciones, involucrándose gran cantidad de autores y cómplices, así como también ingente cantidad de recursos públicos sustraídos a la comunidad.-

Dentro de las derivaciones que día a día salen a la luz se encuentra la asociación ilícita conformada por los ex funcionarios con otras personas, incluida la abogada de dicha localidad María Anahí González, a efectos de montar un sistema de lavado de los activos procedentes del saqueo de las arcas públicas.- Ese lavado o “blanqueo” de capitales tendía incorporar los bienes mal habidos al patrimonio de los involucrados, simulando un origen ilícito.-

Las maniobras lógicamente necesitaban la intervención de profesionales conocedores de los mecanismos legales y financieros que posibilitaran su concreción de la mejor manera posible, como es el caso de la mencionada profesional del derecho quien actualmente se encuentra detenida en función de las pruebas que se registran sobre su accionar.-

En los últimos días, el abogado defensor de la citada abogada imputada, Dr. Antonio Aníbla Cieplinsky, promovió una queja ante el Superior tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes, alegando demora en la resolución de cuestiones sobre el trámite procesal que involucra a su defendida.- Los argumentos del defensor de la abogada acusada de corrupción han merecido una respuesta detallada y contundente por parte del Magistrado interviniente, quien destaca la complejidad de las maniobras implementadas por los acusados así como la magnitud del perjuicio ocasionado a la comunidad.- Se afirma desde los investigadores que mal puede pretenderse que se tramite dicha causa con ligereza y premura cuando los propios sospechosos han diagramado un sistema de extrema anarquía administrativa y económico-financiera que dificulta un detenido análisis de las pruebas, por lo que pretender ahora aprovecharse de dicha situación sería tanto como consumar la impunidad que pretendieron asegurarse al implementar dicho mecanismo.-