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ANDRÉS ANTONIO GAUNA (Abog. M.P. 4447- 3ª C.J. en carácter de Letrado defensor de la imputada MARÍA ANAHÍ GONZALEZ D.N.I. 31.472.699, detenida en la comisaría segunda de la ciudad de Curuzú Cuatiá - Corrientes, con domicilio legal ya constituido en ante la instrucción y constituyendo domicilio procesal ante este dignísimo cuerpo en calle Bolivar N° 1.333 de esta ciudad Capital, en los autos caratulados: "GONZALEZ, MARÍA ANAHI P/ LAVADO DE ACTIVOS AGRAVADO POR EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN Y ASOCIACIÓN ILÍCITA EN CONCURSO IDEAL Y OTROS - CURUZÚ CUATIÁ - Expte. N° PXC 10.185/18", a V.E. digo:


I.- Que en legal tiempo y forma conforme lo pregona el art. 133 y subs. del CPP a formular denuncia por retardo de justicia, en atención a que mi defendida se encuentra privada de su libertad desde el día 15 de Agosto de 2.018 en ocasión de ser privada de su libertad en carácter de imputada en el marco de las presentes investigaciones por supuestos hechos vinculados a la corrupción en el municipio de la localidad de Perugorría. Al cumplirse un mes de su detención, junto al Dr. Cieplinsky he asumido su defensa técnica, y a hasta hoy día no se ha logrado que se resuelva la situación procesal; a pesar de haberlo requerido varias veces y de incluso haberlo solicitado con pronto despacho (escritos presentados en fecha 25/03/2.019 y 12/04/2.019). Se adjuntan dichos escritos a la presente denuncia.-

II.- Que habiendo sido detenida mi instituyente en la fecha indicada, sin mayores elementos que abonen mínimamente la gravosa imputación efectuada por el magistrado instructor, lo que va de suyo deviene de por sí inadmisible en un estado de derecho celoso de las propias garantías que la Constitución promete, evidente resulta entonces que es enteramente necesario que se resuelva la situación procesal de una persona detenida, pues el perfeccionamiento de la plataforma fáctica de la imputación, es un presupuesto indispensable para una eficaz defensa y también para un proceso respetuoso diversas garantías constitucionales. Dicho esto, aparece evidente un manejo arbitrario no solo de la imputación sino también de una manipulación contra legem del proceso.-

III.- La imputada detenida en el marco de las presentes actuaciones no es funcionaria pública, es una mujer abogada en el ejercicio independiente de la profesión, con todas las dificultades que ello conlleva, se halla privada de su libertad en un estado rayano a la violencia institucional, pues su detención no obedece a un marco legal, su privación de la libertad, bajo ningún concepto responde a las necesidades del proceso, y la misma prácticamente se halla privada de su libertad de manera arbitraria, como si fuera producto de una "lettre de cachet" del siglo XVIII, es decir con muy pocas posibilidades de ejercer los derechos que en calidad de imputada le corresponden.-

IV.- En ese orden de ideas, esta parte considera, que el proceso ha sido dirigido de tal forma que permita una justificación constante de la innecesaria privación de la libertad de la imputada, pues como seguidamente se expondrá, en autos, en primer lugar se ha efectuado una grotesca y severa imputación (por meros actos preparatorios impunes o de máxima, encubrimiento) que si bien no es este el momento ni el canal procesal adecuado, no puede pasarse por alto el peligro que representa para derechos constitucionales esta posibilidad, con la única finalidad de que sirva, en otros fundamentos, para mantener privada de la libertad a mi ahijada procesal, presumo en síntonía con el enorme cúmulo de personas detenidas por la averiguación de causas de corrupción que pululan en el país y que constantemente se aprecian en las noticias. Sin embargo vale aclarar que en las variadas causas por corrupción existen muchas mujeres sometidas a proceso en similar situación a mi defendida, incluso por hechos muchos más gravosos y sin embargo siguen gozando de su libertad, el caso de Florencia Kirchner, Carolina Pochetti, por nombrar a algunas de las más conocidas.-

V.- Desde la detención misma de la Dra. Gonzalez, en autos prácticamente no se han desarrollado actos procesales tendientes a un avance real del proceso, dicha situación, aunada a grotesca acusación de una considerable entidad punitiva, permiten esbozar un marco teórico de peligrosidad procesal, una mera construcción meramente gramatical, que se erige como excusa arbitraria que permite al instructor alegar que la libertad de la imputada, sería peligroso para el proceso, nunca se apoya en un cuadro fáctico apreciable por simples mortales, como así también es evidente esa intención de prolongar el sufrimiento, aduciendo que dado su condición de abogada tendría contactos que haría peligrar los fines del proceso, situación absolutamente incomprobable, pretendiendo justificar de esa manera la continuidad de la coerción más gravosa que puede acarrear un proceso penal, la privación de la libertad. Me exime de comentarios que la imputada haya sido encontrada en su lugar de detención con teléfono celular, lo cuál es responsabilidad evidente de guardiacárceles, y que esa excusa sea usada para denegar la libertad caucionada forma la forma de excarcelación.-

VI.- No se pretende desconocer la importancia de averiguar hechos como los que se investigan, particularmente en la causa principal de la cuál se desprendieron estas actuaciones, sin embargo los límites formales para la averiguación de la verdad real, se encuentran procesalmente regulados como garantías del imputado, particularmente en relación al tiempo que puede durar la afectación de derechos que implica el proceso penal. Si bien nuestro código encuentra justificación para evitar una respuesta como la que se pide, bajo el vestusto e inadmisible pretexto de que el plazo para resolver la situación procesal es meramente ordenatorio, a todas luces deviene inadmisible, pues nuestro estado de derecho asumió compromisos de mayor envergadura que la mera interpretación de un texto procesal y por otra parte, no se puede considerar razonable la falta de resolución de la situación legal a casi un año de su detención.-

VII.- Mis manifestaciones no son caprichosas y encuentran asidero en el propio legajo, el cuál, para mi representado tiene inicio desde la fecha misma de su detención, sin perjuicio de que la investigación data de un tiempo muy anterior. En efecto mi representada fue detenida el día 15/08/2.018, fue citada a su primer indagatoria el día 16/08/2.018 a su primer indagatoria, en la cuál por consejo de la defensora oficial se abstuvo de declarar. Aclaro que mi defendida, si bien abogada no es especialista en derecho penal. A mediados de septiembre estos letrados tomamos a nuestro cargo la defensa técnica de la detenida, solicitando desde un primer momento la posibilidad de ampliar indagatoria, pues como todos sabemos, la posibilidad de declarar hace al derecho a la defensa en juicio, es el principal acto de defensa material.-

VIII.- Sin embargo, adviértase que no es ajustado a derecho, ni mucho menos razonable, que esta parte el día 13/09/2.018 solicitó fecha para prestar declaración indagatoria, pedido que ni siquiera fué respondido como corresponde, se volvió a insistir con un nuevo pedido el día 1° de Marzo de 2.019, o sea cinco meses después!!!, son cinco meses que mi representada ha estado privada de su libertad y los encargados de instar la acción penal no han llevado a cabo ningún acto procesal útil ni se le ha permitido defenderse y cuando se iba a instar un tercer pedido, se permitió la declaración de la imputada el día 14/03/2.019, el plazo trasncurrido carece de razonabilidad y claramente convierte a su detención en un suplicio inncesario, pues durante esos cinco meses, no se realizó ningún acto procesal de trascendencia y tampoco se le permitió declarar, no ha existido el mínimo avance tendiente a averiguar la verdad de la cuestión investigada, a todas luces resulta claro que la detención no obedece a motivos cautelares, pues desconozco los verdaderos motivos que llevan a prolongar la detención de la imputada más allá de lo necesario.-

IX.- A reglón seguido, cuando se produce la declaración, la cuál fué concedida más bien como una gracia y no como el reconocimiento a los derechos del imputado, nuevamente el expediente ingresa en un letargo alarmante, a una quietud que no toma en cuenta el grado de deterioro que representa a la dignidad humana la privación de la libertad, pues esta situación ha provocado en mi representada, tanto desde el punto de vista psíquico como físico, un notable deterioro y lo que es peor aún ni por asomo parece tener fin. La imputación a mi defendida comenzó en investigación bajo legajo N° 7575, más luego por pedido de la titular de la vindicta pública deriva en un nuevo legajo bajo la carátula en el encabezamiento trasncripta. Todas esas cuestiones, no pueden ir en detrimento de la detenida, quién debe encontrar lo más rápido posible una respuesta a su situación procesal.-

X.- En autos a la par de se ha solicitado la excarcelación de mi representada, solicitada el día 22/10/2.014, fué rechazada el dia 24/10/2.018. También se ha solicitado la morigeración de la medida de coerción consistente en solicitar su detención domiciliaria por razónes de salud, dicha medida se solicitó el día 21/09/2.018, la cuál fué rechazada el día 05/10/2.019, pudiéndose apreciar V.E. que el pedido de morigeración, se solicita a instancias médicas, y aún así y a pesar de que incluso actualmente, reitero, se halla en franco deterioro la salud de mi representada, ha permanecido inconmovible su estado de detención. Sabido es V.E. lo sensible que resulta un pedido de excarcelación, aquí fue denegado, se interpuso la apelación correspondiente y se demoró UN MES en elevar la causa a la alzada! Esta vez el pretexto usado era que faltaban notificar todas las partes, notificaciones este que sea realizaron con pasmosa tranquilidad. Absolutamente incompatible con los plazos respetuosos de garantías Constitucionales.-

XI.- Despues de la declaración de imputado se solicita se resuelva su situación procesal, pedido que no fue atendido de ningún modo, so pretexto de que se llevan a cabo medidas referentes a otros imputados, cuestión que para nada se vincula siquiera a los hechos que se enrostran a mi defendida, sin embargo una vez más, siven al instructor de excusa tendiente a evitar el pronunciamiento que esta defensa anhela, y que es lo que por derecho corresponde. Y Asi sucesivamente, vale mencionar también que ha "aparecido" y se acopló por cuerda al presente legajo una nueva causa por estafa la cuál data del año 2.018!! De tener algún asidero la causa a la que hago referencia, debió mi representada ser convocada a enfrentar los cargos y brindar sus explicaciones mucho antes. La posibilidad de defenderse no debe ni puede ser manejada discrecionalmente por parte del magistrado director del proceso instructorio, esta nueva causa aparecida repentinamente, pese a que la denuncia lleva ya varios meses, se erige nuevamente como obstáculo a su libertad, seguramente servirá de fundamento, por cuanto no prestó su correspondiente declaración indagatoria (Autos: FERREYRA, NATALIA DEL VALLE S/ DENUNCIA - CURUZÚ CUATIÁ - PXC 10.444). Puede apreciarse V.E. que la mecánica adoptada tanto por el Ministerio Público como por el Instructor, la investigación que abarca el presente legajo, está en franca contradicción a los principio de economía y celeridad procesal, por ende representa un perjuicio evidente para el imputado.-

XII.- Sabido es por parte de esta defensa técnica V.E. que algunos procesos pueden demorar un plazo en la resolución, que esa resolución dependa de una determinada cantidad de actos procesales que puedan llevar determinado tiempo, pero bajo ningún concepto podemos consentir pacíficamente la metódica paralización del expediente, donde es fácilmente apreciable una pasmosa lentitud y la inexistencia de actos impulsorios verdaderos, una absoluta falta de concentración de los actos procesales, los cuales se van suscitando de a uno y muy lentamente, sin que se lleven a cabo medidas trascendentes, por lo que es de esperar que se siga manteniendo esta situación de detención absolutamente infundada, y a fin de poder contrarrestar las acusaciones, tan vagas por cierto, es que necesita la imputada obtenga un pronunciamiento que fije su posición frente a la ley penal.-

XIII.- Al resolverse la situación procesal, evidentemente no podrá seguir esgrimiendo la muy gravosa imputación efectuada por el Ministerio Público, pues va de suyo que la primigenia calificación con que la acusación que emanó de la fiscalía, a todas luces es excesiva para los hechos que realmente se han acreditado y que debe valorar, sin embargo representan para mi defendida un valladar insuperable a la hora de pedir por su libertad. El proceso bajo ningún pretexto puede afectar sine die derechos como la libertad e incluso la misma posibilidad de defenderse de una acusación concreta. También quiero hacer referencia a que en autos e incluso en otros legajos paralelos surgen la falta de citación de otros imputados, lo cuál a todas luces no resulta compatible con diversas garantías Constitucionales, entre ellas principalmente el principio de igualdad ante la ley (art. 16 CN), que los otros imputados aun gocen de libertad y no hayan sido convocados, es una cuestión que no puede usarse discrecionalmente por el magistrado para obstar a la libertad caucionada.-

XIV.- La falta de celeridad y concentración de los actos en el proceso, sumado a la grosera calificación legal obligan a esta defensa a la incursión en este recurso extremo, sabiendo que este dignísimo cuerpo es celoso de las Garantías Constitucionales y por ende velará por el más estricto cumplimiento de la ley. En el trámite que involucra el presente proceso esta parte asiste a la violación de derecho que involucran garantías Constitucionales y Convencionales, ...El art. 7.5 de la Convención Americana de los derechos humanos, establece que toda persona detenida tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable, y al respecto, la C.A.D.H. ha establecido que el fundamento que respalda esta garantía es que ninguna persona puede ser objeto de sanción sin juicio previo que incluye la presentación de cargos, la oportunidad de defenderse y la sentencia..., este límite de tiempo tiene como objeto proteger al acusado en lo que se refiere a su derecho básico de libertad personal, así como de seguridad personal frente a la posibilidad de que sea objeto de un riesgo de procedimiento injusutificado. El estado debe probar la culpa dentro de un plazo razonable para asegurar e institucionalizar la confianza en la imparcialidad procesal del sistema..., la necesidad de que el estado proceda al enjuiciamiento penal de todos los delitos no justifica que se dedique un periodo de tiempo ilimitado a la resolución de un asunto de índole criminal (Garantías, Medidas cautelares e impugnaciones en el Proceso Penal, Chiara Diaz - Obligado).-

XV.- En autos, se dieron cuenta de actos que levantaron fundada sospecha de autoría de algún hecho tipico que se le endilga a la encausada, ello origino la presente investigación y a pesar del tiempo transcurrido, el A quo instructor no ha efectuado su provisional ponderanción de los elementos de prueba a fin de verificar la primigenia acusación con la que nace la investigación, va de suyo que el tiempo que lleva detenida mi representada más la falta de actos concretos del proceso sin que se investigue efectivamente, no son ajustados a derecho y es momento que cese la incertidumbre en la que se ve inmersa mi defendida, por lo que solicitamos a V.E. haga lugar a la presente medida y mande a resolver la situación procesal de la imputada y detendida de autos.-


XVI.- Conforme lo expuesto, se adjuntan cuatro (2) escritos conforme a los cuales en diversos momentos se solicita la resolución de la situación procesal de MARÍA ANAHI GONZALEZ.-

Dios guarde a V.E..-