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Un pobladora de Curuzú Cuatiá tomó un préstamo en enero de 2018 por $50 mil, pero cuando recibió una factura se enteró de que debía pagar 30 cuotas de $6 mil. Es decir que abonaría casi cuatro veces más el monto que le habían otorgado. Solicitó la copia del contrato, pero la empresa crediticia no solo se negó a dársela, sino que además acudió a la Justicia para reclamar el pago. Pero, aplicando la Ley de Defensa del Consumidor, el Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Curuzú no dio lugar al planteo.

La magistrada Cristina Rodríguez De León fundamentó su resolución en que la curuzucuateña acreditó que pidió en reiteradas oportunidades una copia del acuerdo. Mientras que la empresa que pretendió ejecutar el pagaré no demostró que entregó esa documentación en la que deben constar las condiciones en que se concretará la devolución del crédito.

A eso se sumó como agravante que no existía relación entre el monto reclamado y los recibos de sueldo presentados por la trabajadora. En este sentido, De León expuso por qué el pago de cada cuota resultaba casi de cumplimiento imposible.

Con respecto a esto, la magistrada señaló que el artículo 36 de la Ley N° 24.240 (Defensa del Consumidor) especifica que en las operaciones de crédito deberá consignarse de modo claro al consumidor —bajo pena de nulidad— el importe a desembolsar inicialmente —de existir— y el monto financiado (inciso c). Pauta que no se habría cumplido en este caso, ya que quien tomó el préstamo nunca tuvo en su poder copia del contrato.

“Así, considerando las pruebas rendidas y la débil situación del consumidor ejecutado, hizo lugar a la protección que brinda la Ley de Defensa del Consumidor por sobre el cobro rápido del crédito”, remarcaron desde el Poder Judic